El balance del proceso de paz en Colombia con la multitudinaria movilización en todas las ciudades desde el 5 de octubre, hace recuperar la confianza en el hecho cada vez más fehaciente de que se va a conquistar la paz en Colombia. La irreversible decisión del Gobierno y las FARC de acelerar la inclusión de ajustes, según las propuestas allegadas hasta el 20 de octubre, hace prever que en menos de dos semanas tendremos la ratificación de los acuerdos alcanzados y con definiciones concretas sobre los mecanismos constitucionales para su implementación.

Igualmente la fase pública de la Mesa de Diálogo con el ELN tiene avances y sesiona a partir del 27 de octubre en Ecuador.

Ya se avizora un horizonte cercano y posible para la superación del conflicto armado en Colombia y la construcción de la paz en el territorio nacional.

Solamente queda un intransigente y fastidioso lunar en este panorama: el uribismo. Tal como lo expresó certeramente el editorial del New York Times, Mr Uribe se empecina en obstaculizar el logro de la paz en nuestro país. Y así es.

Temeroso como está de someterse a la Jurisdicción Especial de Paz y con su renuencia a la restitución de más de seis millones de hectáreas de tierras despojadas con amenazas, muerte y desplazamiento por parte de paramilitares contra sus legítimos dueños, Uribe está cada vez más desesperado en la medida en que el Acuerdo de Paz da un paso más hacia su consolidación.

Ya en algunas regiones se han cometido asesinatos contra líderes de la restitución de tierras y contra dirigentes indígenas, campesinos y de derechos humanos, crímenes que han sido atribuidos a formaciones paramilitares que mantienen sus estructuras económicas y militares con sus correspondientes apoyos soterrados. De lograrse los acuerdos de paz, estas bandas criminales quedarían operando, lo que haría invivible la República, son ahora y serán una amenaza contra el mayor anhelo de los colombianos que es construir la paz.

Por lo tanto es ineludible que no se siga prologando la impunidad. El bien supremo de la Nación requiere que actúen en derecho los tribunales de la justicia colombiana en los cuales hay más de 300 procesos contra Uribe por diferentes delitos y con suficiente carga probatoria como se puede constatar en la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusaciones, el Tribunal de Medellín, la Fiscalía General de la Nación.

Porque si la justicia colombiana no actúa en derecho sobre esas múltiples denuncias, va a operar la Corte Penal Internacional ante las múltiples demandas contra Uribe, que también prosperan en ese tribunal del derecho internacional, por delitos de lesa humanidad.

Es inadmisible que en un Estado democrático y de derecho como lo es Colombia,  la justicia no extienda su veredicto implacable contra un ciudadano tan cuestionado y denunciado con pruebas, mientras abusa de la excesiva cautela de los tribunales y pone en peligro el bien supremo de la patria como es la superación del conflicto armado, la construcción de la convivencia y la paz en Colombia.

La justicia colombiana debe tomar sobre Uribe la decisión que corresponda en derecho.

Aquí un somero repaso:

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 El Aro: la masacre por la que ordenan investigar a Álvaro Uribe

Por qué Uribe debe ser investigado por la justicia internacional. Análisis de tesis doctoral de la Universidad de Valencia.

 Uribe, en el punto de mira de la Corte Penal Internacional por las masacres durante su mandato

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